El Tribunal de Cuentas de Tucumán formuló un cargo fiscal por $14.363.757,53 contra la comisionada comunal de El Naranjo y El Sunchal, Amanda Petrona Grau, y contra el secretario habilitado, Néstor Roque Figueroa, al declararlos patrimonialmente responsables por irregularidades detectadas en la rendición de fondos correspondientes al año 2023.
La medida quedó establecida en el Acuerdo N° 1356, fechado el 30 de abril de 2026. Allí, el organismo dispuso la clausura del juicio de cuentas iniciado por las inconsistencias advertidas y avanzó con una imputación económica de peso contra los dos funcionarios comunales.
El caso vuelve a exponer un problema sensible en la administración de los recursos públicos en las comunas rurales: la falta de controles claros, rendiciones completas y documentación suficiente para justificar el uso de fondos estatales.
Una observación millonaria que terminó creciendo
Según el Tribunal, el expediente se originó por la falta de regularización del Comprobante de Observación N° 1984, correspondiente al cuarto bimestre de 2023. En una primera instancia, las inconsistencias detectadas ascendían a $8,7 millones.
Sin embargo, luego del análisis del expediente y de la actualización realizada por Contaduría Fiscal General, el monto fue recalculado hasta llegar a $14.363.757,53. El acuerdo aclara, además, que esa suma deberá ser actualizada hasta el momento de su total y efectivo pago.
Durante la instrucción, Grau y Figueroa fueron notificados y tuvieron la posibilidad de ejercer su defensa. No obstante, el documento del Tribunal consigna que los imputados “no ofrecen prueba alguna en su defensa”, un dato clave para dimensionar la gravedad administrativa del caso.
Responsabilidad solidaria y posible ejecución judicial
El Tribunal también dejó constancia de que se cumplieron todas las etapas procesales y que se garantizó el debido proceso. En el análisis de las observaciones, el organismo descartó parte de los cuestionamientos vinculados a la falta de conformidad en recibos de haberes, al considerar que esa obligación corresponde al agente y no a las autoridades comunales.
Esa revisión redujo parcialmente el monto originalmente observado, pero no alteró la conclusión principal: para el organismo de control, la comisionada comunal y el secretario habilitado deben responder patrimonialmente por las irregularidades detectadas.
La resolución declaró a Grau y Figueroa responsables “en forma solidaria” por el monto actualizado y dio intervención al Departamento Judicial para que, mediante la abogada fiscal interviniente, se avance en el cobro y, si corresponde, en la ejecución del cargo fiscal impuesto.
El acuerdo fue firmado por el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf, y el vocal Marcelo Vidal, con la ausencia de Sergio Díaz Ricci, quien se encontraba de licencia. La decisión no sólo representa una sanción económica: también constituye una señal institucional sobre el manejo de fondos públicos en el interior provincial, en un contexto en el que la oposición viene denunciando desde hace meses falta de transparencia en distintas delegaciones comunales.
