La Municipalidad de San Miguel de Tucumán entró en una nueva etapa en la regulación de Uber, DiDi y Cabify: ya no se trata sólo de legalizar su funcionamiento, sino de incorporarlas cuanto antes al esquema tributario local. Las plataformas deberán registrarse antes de mayo, en el marco de la ordenanza sancionada en diciembre, y el municipio busca que comiencen a tributar en el corto plazo. La propia gestión de Rossana Chahla viene presentando esa decisión como una política de ordenamiento, control y recaudación para que la actividad deje de moverse en una zona gris.
Ese movimiento exhibe con claridad una prioridad política de la intendenta: que las apps no sólo operen bajo control municipal, sino que además dejen recursos en la Capital. Desde el oficialismo sostienen que las empresas deben cumplir obligaciones tributarias como cualquier actividad económica y remarcan que lo recaudado debería volver en obras y mejoras urbanas. El mensaje de Chahla y de sus funcionarios apunta a mostrar autoridad sobre un mercado que creció por fuera del sistema tradicional y que ahora el municipio quiere disciplinar administrativa y fiscalmente.
La contracara: más costos para choferes, plataformas y usuarios
La principal contra de esta decisión es bastante directa: toda nueva carga tributaria y administrativa termina presionando sobre los costos del sistema. Si las plataformas deben radicarse, inscribirse, cumplir exigencias locales y tributar el Tributo Económico Municipal, ese peso puede trasladarse a los choferes mediante mayores descuentos o condiciones más duras, y también a los pasajeros a través de tarifas más altas. En una actividad que creció, en gran parte, por ofrecer rapidez, disponibilidad y precios competitivos, meterle más estructura estatal puede afectar justamente el atractivo que la volvió masiva.
A eso se suma otro problema: la formalización acelerada no garantiza por sí sola un sistema más equilibrado. La ordenanza fija plazos distintos para la adecuación, con vencimiento en mayo para las plataformas y en junio para los choferes, además de requisitos de registro, trazabilidad, documentación y controles. Sobre el papel suena razonable, pero en la práctica puede abrir un período de confusión, costos extra y riesgo de incumplimientos, sobre todo entre conductores que usan estas aplicaciones como complemento de ingresos en un contexto económico todavía frágil.
Ni los taxistas terminan conformes ni el conflicto está cerrado
La decisión de Chahla tampoco clausura la disputa con el sector taximetrero. De hecho, los taxistas ya habían expresado malestar por la forma en que avanzaba la reglamentación y reclamaron reglas claras, igualdad de condiciones y mayor participación en la toma de decisiones. Es decir: aun con más control y más tributos para las apps, el municipio no logró disipar del todo la sospecha de que el nuevo esquema puede seguir generando asimetrías o, al menos, nuevas discusiones sobre quién carga con los costos y quién se beneficia con la apertura del mercado.
En ese contexto, el afán de la intendenta por hacer tributar a las plataformas puede leerse como una muestra de autoridad política, pero también como una jugada con riesgos. Si el municipio prioriza la caja antes de consolidar un sistema claro, previsible y aceptado por todos, la regulación puede terminar encareciendo el servicio, empujando parte de la actividad a la informalidad o profundizando el malestar entre choferes y taxistas. La discusión de fondo ya no es si las apps se quedan, porque eso parece saldado, sino cuánto les va a costar quedarse y quién terminará pagando esa cuenta.
