El homicidio de Joaquín Alejandro Romano (20), ocurrido la noche del jueves en el barrio Juan Pablo II, dio un vuelco decisivo en las últimas horas. El fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, identificó al autor del disparo mortal: se trata de Gustavo Décima, un efectivo policial que habría actuado luego de que su propia hija fuera víctima de un asalto en la zona conocida como «El Sifón».
De acuerdo a la reconstrucción judicial, Romano se encontraba junto a otros dos acompañantes cuando interceptaron a la hija del uniformado. Los sospechosos intentaron sustraerle la motocicleta y finalmente huyeron del lugar llevándose el bolso de la joven.
Al advertir la situación, Décima abordó un vehículo y comenzó a perseguir a los presuntos delincuentes.
La persecución culminó cuando el policía logró darles alcance. Según consta en la investigación, Décima impartió la voz de alto y se identificó formalmente como miembro de la fuerza de seguridad. En ese instante, uno de los sospechosos se habría dado vuelta empuñando un arma de fuego.
Ante la amenaza, el efectivo reaccionó efectuando al menos tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en Romano, quien cayó gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Hospital Avellaneda, pero ingresó al nosocomio sin vida.
Testimonio
La secuencia de los hechos fue ratificada ante las autoridades por la joven víctima del robo. Sin embargo, uno de los datos más relevantes para el expediente provino del propio entorno del joven abatido: el tío de Romano confirmó el relato de la hija del acusado y habría asegurado ante los investigadores que el accionar del policía fue correcto.
A partir de estos elementos probatorios, el fiscal Sale dispuso medidas inmediatas. Ordenó la aprehensión de los dos sujetos que acompañaban a Romano durante el hecho delictivo. En cuanto a la situación legal de Décima, las autoridades le notificaron formalmente el inicio de una investigación en su contra para esclarecer el episodio, pero la Justicia resolvió que continúe el proceso en libertad.
El caso de El Sifón reabre un debate peligrosísimo que divide las aguas en la sociedad tucumana. Por un lado, el hartazgo de una ciudadanía que siente que el Estado la ha abandonado a su suerte, aplaudiendo muchas veces (en voz baja o en redes sociales) cuando un «justiciero» o un policía abate a un presunto delincuente. Por el otro, el riesgo latente de convertir las calles en el lejano oeste, donde cualquier conflicto se dirime a los tiros y donde las garantías constitucionales quedan borradas por la pólvora.
