Cuando el escándalo por los créditos millonarios del Banco Nación golpeó a los libertarios, hubo en Tucumán una facilidad casi automática para señalar contradicciones, favores y privilegios. Pero ahora el ruido no viene de la vereda de enfrente: llega hasta el escritorio de un funcionario de la propia gestión capitalina. Y ahí ya no alcanza con el sarcasmo partidario ni con el silencio prolijo.
Marcelo Albaca Petersen no es un nombre marginal en el organigrama. Es el contador general de la Municipalidad, un cargo sensible, porque pasa justamente por el control financiero y económico de la administración. Si un caso así roza a alguien con esa responsabilidad, la discusión deja de ser solamente bancaria y pasa a ser política.
La vara no puede cambiar según el color partidario
Lo que está en debate no es una condena anticipada ni una acusación penal. Un registro crediticio, por sí solo, no prueba delito alguno. Pero sí abre una pregunta de interés público cuando el volumen de la deuda y el perfil del funcionario no terminan de cerrar a primera vista.
Si durante días se habló de Mariano Campero y de otros nombres ligados al oficialismo nacional por sus préstamos del Banco Nación, ¿qué dirá ahora Rossana Chahla cuando el dato incómodo aparece dentro de su propio equipo? ¿Cuál será la explicación? ¿Que se trata de una operación? ¿Que es un crédito como el de cualquier vecino? ¿Que todo está en regla? Puede ser. Pero entonces hay que decirlo, mostrarlo y sostenerlo con la misma firmeza con la que desde el peronismo se buscó pegarle a los libertarios por este mismo asunto.
Porque el problema no es sólo el crédito. El problema es la doble vara. Cuando el apuntado es ajeno, todo parece escándalo. Cuando el dato salpica hacia adentro, aparece la tentación de mirar para otro lado.
Gobierno abierto para el discurso, silencio para los casos propios
Ahí es donde la gestión de Chahla entra en una zona incómoda. El municipio viene machacando con transparencia, datos abiertos, innovación tecnológica y gobierno abierto. Todo eso suena moderno, ordenado y hasta razonable. El problema empieza cuando la narrativa de la transparencia se topa con un caso concreto y la respuesta pública no aparece.
No hay ciudad inteligente posible si la inteligencia sólo sirve para maquillar el relato. No hay gobierno abierto si las preguntas molestas quedan puertas adentro. Y no hay superioridad moral para cuestionar a los libertarios por sus créditos si, cuando el nombre observado pertenece al municipio, lo único que se ofrece es mutismo.
La salida, para Chahla, no debería ser complicada: hablar. Explicar si Albaca Petersen tomó un crédito regular, bajo qué condiciones generales, con qué respaldo patrimonial y por qué no habría nada objetable en esa operatoria. Si todo está en orden, mejor para el funcionario y mejor para la intendenta. Pero si la respuesta es esconderse detrás de slogans de modernización mientras el caso crece, entonces el problema ya no será el Banco Nación. Será la credibilidad.
Sustento documental y verificación
El sitio oficial de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán identifica a Marcelo Edmundo Albaca Petersen como titular de la Contaduría General, y medios locales ya lo habían presentado en 2023 como el funcionario a cargo del control financiero y económico de la administración de Chahla.
La constancia de la Central de Deudores del BCRA, para el CUIT de Albaca Petersen, informa una deuda informada por el Banco de la Nación Argentina en el período 10/2025 por 415.678.000 y en situación 1 (“normal”); en el mismo archivo también figuran deudas menores con Galicia y Macro.
Contador, inscripto en ARCA categoría “A”, con monto máximo de facturación anual de $8.992.600, y consigna que uno de sus empleadores es la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; además remarca que “merece analizar los ingresos” para justificar la deuda en el Banco Nación. Aquí se plantea la distancia entre ese endeudamiento y su nivel de ingresos declarados.
El caso de Mariano Campero tuvo amplia repercusión en Tucumán: se publicó que recibió un crédito de $322 millones y el propio diputado respondió que se trató de un crédito hipotecario UVA para vivienda familiar, cuyo monto original había sido de $275 millones.
En paralelo, la comunicación oficial del municipio siguió resaltando en estos días el “Portal de Datos”, el “gobierno abierto”, la innovación tecnológica y la gestión basada en información pública y evidencia; esa es precisamente la vara discursiva con la que hoy se mide el silencio frente a este caso.
