La intendenta Rossana Chahla volvió a ocupar el centro de la escena con el anuncio de un plan de repavimentación y una frase filosa dirigida a sus críticos. Pero, mientras la gestión exhibe obras puntuales y un relato aceitado en redes sociales, crecen los cuestionamientos por el estado real de la ciudad fuera de las avenidas principales y por un modelo de administración cada vez más tercerizado.
En ese contexto aparece un nombre que se repite en ámbitos distintos pero conectados por el mismo mapa de poder tucumano: Seguridad Benja. La empresa se muestra prestando servicios en eventos de alto perfil, en el Club Atlético San Martín de Tucumán y en espacios municipales. Y esa triple presencia habilita una pregunta política inevitable: ¿hay una vinculación o un puente de contactos entre Seguridad Benja, el diputado nacional Carlos Cisneros y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán?
De Ciudadela al Sheraton: una empresa en los escenarios donde se define “lo importante”
Seguridad Benja viene construyendo una imagen pública de “empresa presente” en los lugares más visibles. En sus publicaciones, se atribuye la tarea de brindar seguridad en partidos de San Martín de Tucumán, con mensajes del tipo “cuidando al Santo” y fotos de equipos completos en el estadio.
Ese dato no sería más que marketing empresarial si no fuera porque, en paralelo, el nombre de Carlos Cisneros está asociado institucionalmente al club: fue parte de la conducción como vicepresidente segundo. En otras palabras, el período en el que la firma se muestra ligada a Ciudadela coincide con una etapa en la que Cisneros tuvo rol directivo en San Martín.
A eso se suma otro hito: los premios Martín Fierro Federal en Tucumán. Seguridad Benja también difundió contenido atribuyéndose el servicio de seguridad en el Hotel Sheraton durante la gala. No es un detalle menor: se trata de un evento que requirió respaldo político, institucional y logístico, con fuerte participación de actores provinciales y municipales.
Así, San Martín y los Martín Fierro aparecen como dos vidrieras de alto impacto donde la empresa logra presencia. Y en ambos universos, de manera directa o indirecta, vuelve a aparecer la órbita de Cisneros y del sindicalismo bancario que lo acompaña.
Un Municipio cada vez más tercerizado: cámaras, vigilancia y servicios “llave en mano”
Mientras el discurso oficial celebra obras y “ordenamiento”, la crítica opositora insiste en que el municipio recurre a privados para funciones cada vez más amplias: pavimentación, grúas, y también seguridad. En esa discusión, Seguridad Benja se convirtió en un ejemplo concreto porque la propia empresa difundió trabajos en espacios de la Municipalidad.
Entre las publicaciones que circularon figuran instalaciones de cámaras en la Huerta Municipal y en el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz”, presentadas como acciones de “seguridad donde más importa”. Además, la firma mostró un reconocimiento vinculado a la Dirección de Asistencia Pública, un área con peso en el esquema cotidiano del municipio.
El punto de fondo no es si una empresa privada puede prestar servicios (eso ocurre en todas las ciudades), sino bajo qué condiciones se contrata, cómo se elige al proveedor, cuánto cuesta y qué control existe. Porque si una firma aparece recurrentemente en dependencias municipales, la pregunta lógica es si se trata de contratos formales, convenios, licitaciones, compras directas o simples acciones puntuales.
En una ciudad donde el vecino se queja por calles detonadas en barrios, plazas descuidadas y falta de un plan serio para tormentas fuertes, el debate sobre prioridades se vuelve inevitable: ¿se está invirtiendo donde más se necesita o donde mejor luce para la foto?
Roberto Véliz, el nombre propio detrás de Benja, y el interrogante sobre vínculos políticos
Allá por 1999, Justo cuando estaba instalándose en Tucumán el concepto de seguridad privada, nacía, con otro nombre, la que después sería Benja seguridad.
La empresa fue concebida por el comisario retirado Roberto Véliz, quien por entonces dejaba el cargo de jefe de la Policía de Tucumán. Durante su gestión en el gobierno compartió gabinete con un joven Carlos Cisneros, quien, en 1995, en el gobierno de Julio Miranda, era designado titular de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
En la actualidad la organización es coordinada por otro emprendedor del mismo nombre y con la misma orientación que su creador: Roberto Veliz (h).
Cisneros tiene su perfil público conocido, su peso en La Bancaria es parte del sentido común político tucumano, y su influencia en el entramado institucional es tema recurrente en la conversación pública. Por eso, cuando una empresa privada aparece operando en ámbitos donde Cisneros tuvo o tiene gravitación —San Martín y el universo de eventos con fuerte participación de estructuras sindicales y estatales—, la sospecha social no tarda en aparecer. Y además se hacen cargo del Municipio de Rossana Chahla, que no mueve un dedo sin consultar a Cisneros.
Hasta aquí, lo que se observa es una coincidencia de escenarios, no una prueba de una relación directa. Pero esa coincidencia alcanza para plantear preguntas que el municipio y la empresa podrían despejar con transparencia básica: ¿qué servicios presta exactamente Seguridad Benja para la Municipalidad?, ¿desde cuándo?, ¿bajo qué modalidad contractual?, ¿quién autorizó esas contrataciones?, ¿hubo competencia de precios?, ¿y existe algún vínculo personal, comercial o político entre Roberto Véliz y Carlos Cisneros?
En tiempos donde la gestión se defiende con videos y frases, y la oposición contraataca con sospechas, la única forma de cortar la nube de dudas es con información pública y verificable. Porque cuando se trata de seguridad —y de dinero municipal—, el “confíen” ya no alcanza.
