En pleno paro nacional convocado por la CGT y con adhesión de la UTA, el empresario del transporte interurbano Sergio Gómez Sansone —titular de la Línea 8 y de la empresa San Pedro de Colalao— quedó en el centro de la escena este jueves 19 de febrero, tras la viralización de un video donde denuncia bloqueos e intimidaciones contra sus unidades en la Terminal de Ómnibus.
Según relató, cuando intentaron sostener un esquema reducido de servicios durante la medida de fuerza, un grupo vinculado al dirigente César González habría impedido la salida de colectivos y causado daños en los coches que buscaban circular.
Denuncia de daños y bloqueos en plena medida de fuerza
Gómez Sansone sostuvo que, al presentarse para supervisar salidas programadas, detectaron que varios colectivos no podían partir por agresiones y sabotajes. En su testimonio, habló de neumáticos dañados y de una situación advertida por usuarios y personal policial en el lugar.
La situación —descripta por el empresario como un accionar organizado— se dio, según explicó, luego de que la firma definiera un cronograma reducido para no cortar por completo el servicio durante el paro.
“Es una extorsión”: el eje del conflicto con el esquema reducido
El empresario aseguró que, pese a la medida de fuerza, parte del plantel aceptó trabajar. Indicó que, de 150 trabajadores, alrededor de 50 se habrían presentado, y que el objetivo fue garantizar servicios limitados con retorno de los choferes antes de la medianoche.
En ese marco, calificó lo sucedido como una “extorsión condicionada” y apuntó contra los responsables de impedir la salida de las unidades.
Subsidios, “caja” y política: una denuncia más amplia sobre el sistema
Más allá del episodio en la Terminal, Gómez Sansone planteó que detrás del conflicto hay una disputa por el control del transporte público. Sostuvo que no se trata de “defensa de trabajadores” sino de “defensa de la caja”, y llegó a hablar de una “asociación ilícita” que busca condicionar el sistema.
También justificó su decisión de intentar circular por el aporte estatal que recibe el sector: afirmó que la Provincia destina más de $6.000 millones para que el servicio funcione y que ese dinero se vuelca a salarios. En el cierre, remarcó el impacto del paro en la vida cotidiana y sostuvo que “la gente común es la que paga”, con especial perjuicio para quienes necesitan viajar para trabajar.
