En la previa del paro nacional de la CGT de este jueves 19 de febrero, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó un pedido inusual por su tono y por el contexto: solicitó a los vecinos no sacar la basura ante “posibles interrupciones” en la recolección. La comunicación oficial le puso un subrayado extra al pronóstico de lluvias y tormentas: bolsas en la calle, desagües tapados y el riesgo clásico de anegamientos en una ciudad donde cualquier chaparrón fuerte puede desbordar lo cotidiano.
El mensaje incluyó la promesa de un “plan de contingencia” para sostener servicios esenciales. Pero el centro de escena no fue la logística sino el símbolo: en un paro que ya paralizaba transporte y dependencias, la basura se convirtió en termómetro del poder territorial y de quién controla —o no— la calle.
En el área metropolitana, otra imagen: servicios que siguieron funcionando
Mientras la Capital blindaba el frente preventivo con un pedido explícito a la población, en otras ciudades del Gran San Miguel la foto pública fue distinta. Un ejemplo concreto fue Yerba Buena: el municipio confirmó que su servicio de transporte local, el Munibus, circuló con normalidad en horarios habituales aun con paro nacional. También Tafí Viejo y la Banda del Río Salí mantuvieron sus servicios.
Esa diferencia comunicacional alimentó lecturas políticas inmediatas. No se trata sólo de si un camión pasa o no pasa: también pesa qué se decide contar, cómo se cuenta y qué se busca evitar. En San Miguel de Tucumán, el aviso se apoyó en el temor a la lluvia; en la Ciudad Jardín, el dato destacado fue la continuidad de un servicio.
Con esa asimetría en el conurbano, apareció la pregunta que se hizo en voz baja durante toda la jornada: ¿la decisión de la intendenta Rossana Chahla fue sólo una medida operativa por el paro y el clima o también un gesto político hacia adentro del peronismo tucumano?
La especulación se monta sobre un dato real: el diputado nacional Carlos Cisneros, dirigente de La Bancaria, se plantó públicamente contra la reforma laboral y respaldó la protesta gremial. Del otro lado, Osvaldo Jaldo buscó mostrarse en un carril más institucional: dijo respetar el derecho a huelga, pero pidió “prudencia y responsabilidad” y cuestionó la utilidad del paro; al mismo tiempo, su espacio en Diputados jugó para forzar cambios en artículos sensibles del proyecto.
En ese tablero, un comunicado municipal puede leerse de dos maneras a la vez. La primera, lineal: si se complica la recolección y encima hay tormentas, lo responsable es pedir que no saquen residuos. La segunda, inevitable en año político: la Capital —corazón del poder territorial— también marca posición, aunque sea con una bolsa de basura y una frase preventiva. Y cuando la interna está latente, hasta el servicio más básico puede funcionar como mensaje.
