Un comunicado difundido por los organizadores de una fiesta realizada en Altos de San Javier, en la zona de El Corte (Yerba Buena), encendió aún más la polémica: la empresa a cargo del evento sostuvo que la acusación por un presunto abuso “carece de veracidad” y habló de una “campaña de desprestigio”. Sin embargo, el eje que vuelve increíble ese intento de desmentida es otro: la denuncia original surgió en el ámbito de un hospital público y, según la información publicada, fue acompañada por una constatación médica de lesiones compatibles con una agresión.
El caso, que involucra a una adolescente de 14 años, se cruza además con otro debate que crece cada fin de semana: fiestas masivas promocionadas como “para mayores”, con altísima presencia de menores, sospechas de venta de alcohol y un aforo que, según fuentes municipales, habría sido ampliamente superado.
Un “no pasó nada” que no borra lo que vio el hospital
En el documento, firmado por Zenith Club, los responsables aseguraron que realizaron “verificaciones” y que reunieron audios y testimonios para concluir que la acusación difundida “no es verdadera”. Incluso afirmaron que “las propias personas involucradas” habrían reconocido que los hechos no ocurrieron como se dijeron.
Pero la denuncia que disparó la investigación —según se informó— fue presentada por la madre de la adolescente en el ámbito hospitalario. Allí, una médica que examinó a la chica habría detectado lesiones compatibles con un abuso o agresión sexual. Ese dato, proveniente de un control profesional dentro del sistema público de salud, es el que vuelve especialmente fuerte la contradicción: no se trata sólo de “rumores” de redes, sino de un registro clínico que, por su naturaleza, difícilmente pueda neutralizarse con un comunicado.
Además, se trata de un delito de instancia privada, por lo que la denunciante no está obligada a sostener el proceso si decide no continuar. Esa particularidad legal, lejos de despejar dudas, suele dejar zonas grises que alimentan versiones y disputas públicas.
Alcohol, VIP y sobrecupo: lo que denuncian padres y vecinos
A la par del caso puntual, aparecieron relatos de padres que aseguran que se vendió alcohol a menores dentro del evento. Uno de los testimonios mencionó la comercialización de mesas en sectores VIP por montos muy elevados, con botellas incluidas (vodka o champagne) y bebidas energizantes, un esquema que —si se confirma— expone una práctica sistemática: cobrar “experiencias premium” a adolescentes en un contexto donde, en teoría, deberían existir controles estrictos.
En el mismo sentido, fuentes municipales señalaron que el lugar tendría una capacidad habilitada muy inferior a la cantidad de asistentes que se habría concentrado esa noche. En los reportes difundidos, se habló de entre 800 y 900 personas, cuando el aforo autorizado rondaría las 400. El sobrecupo no es un detalle administrativo: en eventos de menores, implica más riesgo, menos control real y mayores chances de que una situación violenta pase inadvertida en medio del caos.
El límite del control estatal y el foco en los organizadores
Desde el municipio de Yerba Buena, la secretaria de Seguridad, Ileana Dulout, planteó que el fenómeno exige una reacción rápida y admitió un obstáculo clave: muchas de estas reuniones se presentan como “fiestas privadas”, aun cuando se realicen en salones alquilados, lo que restringe la posibilidad de intervención directa durante el desarrollo del evento.
En ese marco, las autoridades buscan endurecer exigencias de control de edad e identidad, con pedidos concretos como la verificación mediante documento físico. El problema, según relatan incluso adolescentes consultados en notas previas, es que abundan los documentos adulterados o “truchos” y aplicaciones que facilitan falsificaciones digitales.
Con ese panorama, el caso de El Corte termina funcionando como una postal incómoda: cuando una denuncia llega a un hospital público y hay signos médicos compatibles con una agresión, el debate deja de ser “reputacional” para transformarse en una alarma institucional. Y ahí la discusión ya no es sólo qué pasó puertas adentro, sino por qué estos eventos siguen multiplicándose con menores, alcohol y aforos presuntamente rebasados.
