La Legislatura de Tucumán quedó envuelta en una nueva polémica tras la presentación de un proyecto del legislador Gerónimo Vargas Aignasse para incorporar al Código Procesal Penal una “Medida Cautelar Digital Urgentísima”. La herramienta apunta a que un juez pueda ordenar, en un plazo de seis horas, la eliminación, el bloqueo o la desindexación de contenidos en Internet cuando se considere que hay calumnias o injurias “manifiestas”.
El punto más sensible —y el que alimenta las acusaciones de censura— es el mecanismo: la iniciativa prevé un procedimiento “hipersumarísimo” que podría resolverse sin audiencia previa de la otra parte (inaudita parte), bajo el argumento de que el daño se vuelve irreversible cuando un contenido se viraliza. Incluso contempla impedir nuevas difusiones del material cuestionado.
La denuncia de “mordaza” y el “modelo chino”
La reacción más dura llegó desde el espacio libertario. El diputado nacional Gerardo Huesen cargó contra Vargas Aignasse y sostuvo que el proyecto busca avanzar hacia “un esquema de control estatal sobre el discurso público”. En esa línea, lanzó la frase que encendió el debate: lo acusó de proponer “el modelo chino de control y censura estatal” y advirtió que la iniciativa podría “amordazar” a la oposición.
La crítica se monta sobre una preocupación concreta: que una vía rápida para ordenar bajas de contenido —sobre todo en clima político y con discusiones calientes en redes— termine generando un efecto inhibidor. Es decir, que por miedo a una orden judicial exprés, se retraiga la crítica pública, la denuncia o el debate sobre asuntos de interés general, aun cuando estén protegidos por la libertad de expresión.
Los “candados” del proyecto y la respuesta del autor
Desde el oficialismo, Vargas Aignasse rechazó que se trate de una mordaza. Sostuvo que la norma se aplicaría solo en casos “claros, indiscutibles y contundentes” y remarcó una salvaguarda central: “en caso de duda el juez siempre debe sostener o preservar la libertad de expresión”. También afirmó: “No estamos buscando amedrentar a nadie para que no pueda opinar”, y diferenció la crítica política de la “descalificación”, la “mentira” o la imputación de delitos sin denuncia.
El texto del proyecto, además, incluye lo que denomina un “candado normativo”: ante la menor duda sobre si el contenido cuestionado es opinión, crítica o información de interés público, el magistrado debería rechazar el pedido. La propuesta invoca criterios de la Corte Suprema y la doctrina de la “real malicia” para marcar la frontera entre crítica protegida y “mentira dañosa viral”.
Mientras tanto, la iniciativa deberá transitar comisiones antes de llegar —o no— al recinto. Y en ese recorrido se jugará el centro de la controversia: si la “cautelar digital” se convierte en una herramienta excepcional para frenar daños evidentes, o si abre una puerta peligrosa para bajar contenidos en tiempo récord y con riesgo de censura, especialmente cuando lo que está en juego es el debate político.
