La historia que la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) contó a fines de septiembre era clara: un productor de Yerba Buena había pinchado el acueducto para llevar agua a su finca y eso había afectado el suministro de la zona. La empresa lo presentó como un caso más de “conexiones clandestinas” en el piedemonte –una línea de discurso que el propio Gobierno provincial venía reforzando, incluso en voz del gobernador Osvaldo Jaldo y del presidente de la SAT, Marcelo Caponio.
Pero ahora el guion podría invertirse. Juan Zamora, productor de 74 años, presentó documentación oficial, informes periciales de la Justicia y actas notariales que, según su defensa, no solo lo desvinculan de la supuesta conexión ilegal sino que exhiben un dato incómodo: el caño que la SAT rompió y mostró como “clandestino” habría sido instalado por el propio Estado hace casi tres décadas, mucho antes de que él comprara la finca. Si esto se confirma en sede judicial, la acusación podría darse vuelta y dejar a la empresa estatal en el centro de la escena.
Un caño viejo, no una obra reciente
Los peritos –según la documentación que exhibió Zamora– determinaron que la férula de conexión es una pieza de hierro fundido con la leyenda “Aprobado OSN”, un insumo que usaba Obras Sanitarias de la Nación antes de su disolución en los 90. Es decir: se trata de infraestructura pública vieja, no de una derivación hecha “a escondidas” en 2024. Esa cronología choca con el relato de la SAT, que en sus comunicados viene ubicando el problema en las “tomas ilegales” recientes del pedemonte.
La SAT sabía que la finca estaba conectada
Otro punto que puede complicar a la empresa: según los legajos aportados por la defensa, la SAT habría facturado durante años el consumo de esa misma línea a la ex Finca Sousa, hoy propiedad de Zamora. Si la empresa cobraba por ese servicio, difícilmente pueda sostener que se trataba de una conexión “clandestina” o “desconocida”. Esto abre una pregunta política y administrativa: ¿la SAT perdió el control de su propia red o necesitaba mostrar un culpable frente a los cortes que ya venían generando malestar en Yerba Buena? Vecinos de esa ciudad y de la Capital llevan meses reclamando por falta de agua y roturas sin atender.
La rotura sin orden judicial y el problema estructural
Zamora también denunció que el 23 de septiembre de 2024 personal de la SAT rompió el caño sin orden judicial, liberando material de asbesto-cemento, un componente que Argentina dejó de usar por su peligrosidad. Si se comprueba, no solo quedaría debilitada la acusación original, sino que quedaría expuesto otro flanco: el de una red vieja, con materiales prohibidos y sin medición de caudales, tal como ya se había señalado en reclamos y fallos que obligaron a la SAT a hacer obras urgentes en otras zonas.
De acusador a acusado
El dato político es que la SAT venía mostrando este caso como un ejemplo de su “lucha contra las conexiones ilegales”, con respaldo del Gobierno provincial. Ahora, con pericias que hablan de un tendido instalado por el Estado en los 90, con boletas que muestran que se cobraba el servicio y con informes técnicos que cuestionan la planilla de caudales de la propia empresa, el cuadro se invierte: el productor pasa de acusado a posible víctima de una imputación apresurada, y la empresa queda ante la Justicia teniendo que explicar por qué rompió un caño viejo, por qué lo presentó como clandestino y por qué una zona de Yerba Buena sigue teniendo cortes pese a todas estas intervenciones. En una provincia donde los caños rotos, las pérdidas y los pozos son noticia desde hace años, que la acusación se dé vuelta no sería la primera irregularidad en el sistema de agua.