La salida de escena de la empresa El Rayo Bus SRL de la línea 131 volvió a dejar al desnudo una constante en el sistema de transporte público de Tucumán: cuando una firma queda en el medio de un conflicto, el servicio se interrumpe por semanas y los usuarios quedan a la deriva, pero el negocio no se cae… solo cambia de manos. Y casi siempre termina en el mismo lugar.
El Gobierno provincial notificó la caducidad de la concesión después de 53 días sin servicio en el tramo San Miguel de Tucumán – Tafí Viejo. El argumento oficial: la empresa no prestó el servicio tras el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por atrasos salariales y suspensión de personal. En ese punto no hubo contemplación. Pero la parte más llamativa vino después: la explotación de la línea pasó a La Nueva Fournier SRL, propiedad de Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT y empresario de reconocida cercanía con la Casa de Gobierno.
Es decir: una empresa que no pudo sostener el servicio en medio de la crisis salarial quedó afuera; otra del grupo que tiene mejor sintonía política con el poder, entró.
“El Gobierno nos informó hoy la caducidad de la línea después de 53 días. Aduce que la falta de prestación fue por el paro de septiembre… cuando en realidad ninguna empresa había pagado todavía el sueldo de agosto cuando se decidió la medida de fuerza”, explicó Sergio Gómez, titular de El Rayo Bus. Según su versión, la situación no era excepcional sino general en el sector, pero solo su firma terminó afuera. “UTA hizo lo que hizo y finalmente Jorge Berreta se quedó con la línea. Le contesto con la realidad”, disparó.
El episodio exhibe tres problemas estructurales del transporte tucumano:
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Un sistema frágil, atado a la caja salarial. Cada atraso de sueldo puede derivar en un paro, y cada paro en la caída de una línea. Los usuarios quedan como rehenes de una negociación entre empresas, gremio y Estado.
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Un Estado que sanciona de manera selectiva. Esta vez aplicó la caducidad por la falta de servicio, pero el propio empresario desplazado recuerda que el retraso salarial era generalizado.
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Una alta concentración del negocio. El traspaso no fue al azar: fue a parar a un grupo que ya opera varias líneas y que, con esta, agranda su posición.
De concretarse el traspaso, el holding de los hermanos Jorge y Hernán José Berreta sumará otro eslabón a su cadena: además de La Nueva Fournier (118, 121, 122 y ahora 131), operan Tandilense (123, 125, 129, 141 y 214), Leagas (10, 110 y 142) y El Portezuelo UTE (118). Es decir, mientras el sistema muestra señales de agotamiento –paros recurrentes, empresas en rojo, choferes en tensión y usuarios sin colectivos–, hay un actor que siempre cae bien parado.
El trasfondo político tampoco pasa desapercibido en el sector: Berreta no solo es empresario, también es vicepresidente de AETAT, la cámara que negocia con el Gobierno los subsidios, los costos y hasta los plazos para regularizar deudas. Que una línea caiga y termine en manos de uno de sus dirigentes vuelve a alimentar la sospecha de que, en el mapa del transporte tucumano, no todos juegan con las mismas reglas.
En síntesis: la línea 131 estuvo 53 días sin circular; los usuarios de Tafí Viejo quedaron sin servicio; la empresa original quedó afuera; el conflicto con UTA sigue sin resolverse del todo; los trabajadores no saben dónde quedarán; y el grupo Berreta suma otra línea. La crisis es del sistema. La oportunidad, otra vez, es para el mismo.