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La expropiación de la escuela Mistral fue suspendida y cayó mal en el Municipio

La causa por la expropiación del inmueble de la escuela Gabriela Mistral tuvo un revés para el municipio que conduce Rossana Chahla. El Juzgado Civil y Comercial Común dio lugar a la medida cautelar presentada por la Cooperativa, y suspendió el proceso expropiatorio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La Fiscalía Municipal, por su parte, sostiene que se objetará con un recurso de revocatoria y que la decisión del juez no afecta al inicio del ciclo lectivo 2025. Las clases -insistieron las autoridades- están garantizadas.

La Cooperativa de Servicios Educativos y Servicios Sociales, a través de su presidenta, Claudia Elizabeth Lobos, presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo una acción de amparo en contra de la Municipalidad capitalina por la ordenanza N° 5.390, recientemente aprobada en el Concejo Deliberante. La norma dispuso la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble de la escuela Mistral, a nombre de la asociación. Desde sus inicios, el establecimiento educativo es administrado de manera mixta entre las partes, aunque con esta medida la institución educativa pasaría a ser completamente de gestión municipal.

Es así que la objeción de la Cooperativa se dirige a cuestionar la constitucionalidad de la Ordenanza, a la cual considera “inválida para declarar la utilidad pública, valorando que contiene fundamentos falaces vertidos por el Ejecutivo Municipal”, además de rebatir la potestad expropiatoria del Concejo Deliberante. Sumado a ello, la Cooperativa -cuyo representante es Alfredo Grassia– solicitó una medida cautelar para que se ordene la suspensión del procedimiento administrativo expropiatorio, hasta tanto se resuelva el entramado legal de la demanda. Grassia está ligado a Casa de Gobierno mediante su cercanía con el actual interventor del Instituto de la Vivienda, Hugo Cabral.

“Atropello” a las leyes
El legislador Walter Berarducci (Partido por la Justicia Social) consideró que la expropiación del inmueble a través del Concejo Deliberante “resulta un atropello a las leyes provinciales, a la propiedad privada, a la educación pública municipal y -principalmente- a la comunidad educativa”.

Pidió que se respeten los requisitos legales establecidos en la Constitución de la Provincia para el trámite expropiatorio “en razón de que la utilidad pública debe ser declarada por la Legislatura y no por la ordenanza N° 5.390 que sancionó el Concejo”. Y reflexionó: “en este complejo momento que atraviesa la provincia y el país, no deben primar intereses electorales por sobre el respeto a la Constitución, la ley y la educación pública, ya que deben ser prioridad más aún cuando se avecina el inicio del ciclo lectivo 2025, algo que puede perjudicar directamente a cientos de estudiantes de dicha institución. Le solicito a la intendenta (Rossana Chahla) que accione a través del diálogo y busque soluciones consensuadas y democráticas”.

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